Según fuentes de UPyD la empresa concesionaria que gestiona el spa punta calera y la piscina climatizada, ambas instalaciones de propiedad municipal, pretende reducir la jornada laboral de sus trabajadores en más del 60% en algunos casos, con su correspondiente bajada de salarios. Lo que algunos entienden como un ERE encubierto. Algo a lo que UPyD se opone frontalmente, proponiendo un análisis propio de las causas que han llevado a esta situación.
Según las denuncias realizadas a UPyD, las instalaciones contarían con varias deficiencias: mala calidad del agua, un mantenimiento inadecuado y equipamientos en mal estado. Además esta situación habría provocado un descenso de la ocupación a unos niveles mínimos. Si a este panorama se suma una política de tarifas poco acertada el resultado sería una perspectiva desoladora para la viabilidad de las instalaciones.
Si partimos de que, según el pliego de condiciones firmado entre aqualia y el consistorio, todos los gastos deben ser asumidos por el ayuntamiento, mientras que el beneficio de la empresa es el mismo independientemente de los ingresos, este hecho explicaría la desidia de la empresa y por tanto el descenso de ocupación y la falta de mantenimiento de las instalaciones. Circunstancia que incrementa el desequilibrio entre gastos e ingresos. Pudiendo llegar a generar un gasto mensual a las arcas municipales de más de 45.000 €, lo que se traduce en 540.000 € (más de 89.000.000 ptas) al año. Mientras que la previsión realizada entre empresa y administración era de ¡13.000 €/ mes!
UPyD exige al gobierno municipal una actuación inmediata, con responsabilidad hacia los trabajadores de las instalaciones y hacia la propia ciudadanía. Exige el cumplimiento del contrato y la búsqueda de soluciones para la mejora del servicio con el objetivo de aumentar la ocupación y poder afrontar el agujero en las arcas municipales, creado por el PSOE, y apoyado en pleno por el PP, de forma irresponsable, con la firma y aprobación de la concesión administrativa, hipotecando el futuro económico de trabajadores y de la propia administración, para sufragar uno de los proyectos estrella socialista, “vendido como gratuito”.